Por: Eduardo Delgado Torres
El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), aprobó ayer el reparto de casi 140 millones entre los partidos políticos, conforme a un calendario en el que se fijan las cantidades a entregarles cada mes de este año.
El organismo presidido por Paloma Blanco López tiene la obligación de garantizarles el acceso a las prerrogativas a los partidos políticos, como impone la cláusula “b” de la fracción segunda del artículo tercero de la Ley Electoral del Estado.
Al margen del elevado monto a que tienen derecho los institutos políticos, durante lo que va del sexenio “gallardista” el financiamiento público lo han recibido con retraso. Recién les fue entregada la ministración correspondiente al mes pasado.
Eso es algo “sospechoso”, pues el ejercicio fiscal 2022 cerró el pasado 31 de diciembre. “¿De dónde sacaron el dinero…de qué partida?”, compartió su inquietud con el autor de esta columna uno de los representantes de los partidos ante el CEEPAC.
Pero las y los más afectados han sido los empleados de los partidos, como en el PAN, donde han pasado hasta dos meses consecutivos sin recibir su salario. A otros se les demoró el pago de aguinaldo.
En el PRI hay quienes consideran que los partidos están siendo “asfixiados” a propósito por la administración estatal, porque sin recursos ni siquiera pueden ir a Mexquitic de Carmona a hacer trabajo político.
“Los carros que tenemos no son eléctricos y los que se tienen están en malas condiciones y no hay dinero para repararlos”, comentó un priista. “Si vamos y juntamos gente, hay que ofrecerles cuando menos una botella de agua”, añadió.
En contraparte, señaló, el notorio activismo del Partido Verde Ecologista de México en la entidad, con la instalación de comités en diversos municipios, apuntó.
Ayer, en sesión extraordinaria, representantes partidistas plantearon la necesidad de que el Consejo emplace a la Secretaría de Finanzas para que les transfiera el dinero a los organismos partidistas en una fecha fija.
“Desgraciadamente no tendríamos la facultad o la atribución como para hacer una exigencia, a través de un acuerdo, a la Secretaria de Finanzas para establecer una fecha determinada”, arguyó la consejera presidenta.
El representante de Movimiento Ciudadano, Pablo Gil Delgado sostuvo que el consejo “sí tiene facultades para solicitar términos”, pues advirtió que los partidos deben que cumplir responsabilidades contables ante el Instituto Nacional Electoral.
“No nos pueden decir: cumple con tu obligación de justificar tu gasto ordinario, aunque no vayamos a cumplir con la obligación de dártelo”, le refutó a la presidenta.
Representantes partidistas sostuvieron que con una fecha fija se garantiza el principio de certeza, que tanto pregona las y los consejeros electorales.
Hay quienes aseguran que en el pasado los retrasos no eran como ahora y si acaso había demoras era de días, hoy es de uno o hasta dos meses. En parte, la circunstancia actual se la atribuyen a la falta de carácter y de oficio político de la presidenta y los consejeros.
El calendario aprobado ayer será enviado por el Consejo a Finanzas con la “tibia” petición de que los recursos “deberán ser ministradas dentro del mes correspondiente”.
No obstante que, como se apuntó antes, la legislación señala que le corresponde al instituto electoral “garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas a los partidos políticos”.
Las y los consejeros, que reciben puntualmente sus elevados emolumentos, pueden esgrimir que en esa disposición no se especifica que debe ser en tiempo y en forma.
Este año es preelectoral y es obvio que la aprobación del calendario de las ministraciones tiene como fin su cumplimiento, pues de otro modo no tendría ningún caso.
El asunto, seguro, escalará a los tribunales.
