Por: Leticia Vaca
“¿Entonces qué quiere…, que el señor me viole, que el señor Jasso me mate para que usted pueda hacer algo?”, le reclamó Luz a Luis Alberto Abundis Rangel, alcalde de Tamasopo, luego de acusar de acoso sexual a Fernando Jasso Olvera, Subdirector de Seguridad Pública en ese municipio.
Luz se desempeñaba como elemento de Seguridad Pública y fue despedida tras denunciar a su agresor, además de recibir amenazas contra su familia por haber levantado la voz.
Ello quedó documentado en entrevista que otorgó a Milenio Televisión, transmitida el pasado 3 de febrero; el alcalde (investigado aparte por realizar disparos al aire) en lugar de tomar acciones en contra del acusado, la despidió.
Gissel, otra de las víctimas también despedida, denunció que su agresor fue Esteban Yañez Garnica, director de Seguridad Pública en el referido municipio.
Se asegura que son más las víctimas en la corporación, pero solo ambas se han atrevido a denunciar.
Además de afrontar condiciones laborales sin prestaciones, infraestructura y equipamiento adecuados (como revela la encuesta de la organización Causa en Común), las agentes también son víctimas del acoso sexual de sus jefes o compañeros de trabajo.
Las medidas que solicitó la CEDH se acataron apenas la semana pasada.
La segunda visitadora general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Elvira Viggiano Guerra, comentó en entrevista para este medio que, desde mediados del mes de enero se recibió una queja por parte de una policía municipal de Tamasopo, quien refirió ser víctima de hostigamiento y acoso sexual.
Inmediatamente, dijo, se le solicitó al alcalde adoptar medidas precautorias para garantizar el derecho a la integridad física y sexual de la quejosa, sin embargo, la petición de la CEDH no se acató hasta apenas la semana pasada, pese a que se pidió que fuera cumplida en un término de tres días.
Entre las medidas que reportó el alcalde, fue separar del cargo al señalado como responsable, el subdirector de Policía y Tránsito Municipal de Tamasopo.
Otra queja se inició de oficio, toda vez que no se ha recibido denuncia, sin embargo, en notas periodísticas se dio a conocer el testimonio de otra afectada. “Estamos también solicitando informes a la autoridad señalada como responsable”, aseguró.
Aunque no es competencia de las Visitadurías determinar si los actos violatorios de derechos humanos pudieran derivar en una recomendación de la CEDH, Viggiano Guerra aclaró que “todas estas observaciones se señalaran en el expediente (…) nosotros, las visitadurías generales tenemos la obligación de integrar el expediente, dar cuenta y valorar si el expediente de los hechos que investigamos daría materia para una recomendación”, pero precisó, quien determina si se emite una recomendación es la presidencia de dicho organismo.
Respecto del despido que se habría dado luego de la denuncia, la segunda visitadora indicó, fue con el argumento de haber concluido su contrato laboral, no obstante, reconoció, el hecho de haber denunciado y presentado una queja podría asumirse como una condicionante para que no haya una renovación o recontratación.
San Luis Potosí entre los estados con más denuncias por violencia contra las mujeres.
De acuerdo con las cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el año 2021, en San Luis Potosí se recabaron 636 denuncias por violación, colocando a la entidad en el lugar 13 entre las entidades del país con más incidencia de ese delito.
En cuanto al abuso sexual, se presentaron 158 denuncias, las cuales colocan a San Luis Potosí en el lugar 12. Respecto del acoso y hostigamiento sexual se registraron 181, en cuyo renglón la entidad también ocupa el lugar 13 de los estados con mayor cantidad.
En 2021 en la entidad se registraron 24 feminicidios y 30 muertes violentas, para sumar un total de 54 homicidios de mujeres.
Uno de ellos el de Mayra, quien se desempeñaba como elemento de la policía municipal en capital potosina, quien habría sido asesinada por dos de sus compañeros.
El reclamo de Luz es un llamado urgente para que las autoridades actúen y su caso no termine como el de Mayra, por lo que debe garantizarse su seguridad y no encubrirse a su agresor.
Cuando una víctima denuncia, pero no ante una autoridad se le cuestiona por qué no lo hizo antes y cuando lo hace después de algún tiempo de la agresión se le cuestiona el porqué de su tardanza.
En el caso de Gissel y Luz encontramos algunas respuestas: porque se sigue protegiendo a los agresores; porque lejos de encontrar un apoyo se les vuelve a violentar y porque la complicidad de las instituciones y sus representantes encubren a los violentadores.
